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EL NUEVO RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LOS ADMINISTRADORES SEGÚN LA REFORMA DE LA LEY 31/2014 DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

Como en Star Wars, Indiana Jones, Batman, etc., siempre tenemos una segunda parte de todo aquello que nos interesa. Siguiendo la estela del artículo que D. Manuel Rejón López tan amablemente me ha publicado en su blog del Canal Profesional referente a las remuneraciones de socios y administradores de empresas en todo aquello que a nivel FISCAL nos atañe, quiero ahora mostrarles los efectos de la retribución de los mismos en la reforma de La Ley de Sociedades de Capital y su afectación a nivel JURÍDICO Y MERCANTIL.

Entonces:

¿Cómo leches queda ya todo esto de la Remuneración?

Bien, entrando en materia, la Reforma de la Ley de Sociedades de Capital Ley 31/2014 del 3 de diciembre y que fue publicada en el BOE el día 4 de diciembre de 2014, nos ha modificado algunos artículos que para la materia que nos interesa les paso a resumir:

Artículo 217. Remuneración de los Administradores.

Es uno de los artículo estrella y de gran novedad de esta reforma de la Ley de Sociedades de Capital. El legislador, nos continúa indicando la gratuidad del cargo. No obstante, se han añadido una serie de conceptos por los que se puede optar o no a la remuneración de dicho cargo. Les dejo el nuevo artículo para que lo lean:

  • 1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.
  1. El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes:
  • a) una asignación fija,
  • b) dietas de asistencia,
  • c) participación en beneficios,
  • d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,
  • e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución,
  • f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y
  • g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.
  1. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.
  2. La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.»

Fíjense que anteriormente en el apartado 3º se hablaba de un acuerdo en Junta General para retribuir a los administradores, pero de una SL. Bien, ahora con dicha reforma, este acuerdo abarcará a cualquier tipo de sociedad.

También mencionar otro aspecto importante de dicho artículo y es aquel que viene a indicarnos que dependiendo de las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los administradores o del Consejo de Administración, la distribución de la remuneración estará en función de dicha responsabilidad adquirida a menos que en Junta General se pronuncie en otro sentido.

Otro aspecto importante, es el del apartado 4 de dicho artículo donde se articula la remuneración. Es evidente que hay empresarios, que a la vez son administradores de la sociedad en la cual se ponen unas retribuciones que no son acordes ni al tamaño de su empresa, ni a la condición de responsabilidad que dicho administrador desempeña en ella. Hablo de aquellos administradores de empresa que se ponen retribuciones como si fuesen consejeros delegados de Telefónica o Iberdrola, cuando su empresa apenas factura más de 1 millón de euros al año.

Pues bien, este artículo 4 nos articulará que dichas remuneraciones no supongan una descapitalización de la Sociedad encubierta y se pueda mantener a futuro su rentabilidad y sostenibilidad.

Mención muy importante aparece también en el artículo 249 de la Ley en sus apartados 3 y 4 por la novedad de un CONTRATO ENTRE LA SOCIEDAD Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Artículo 249. Delegación de facultades del Consejo de Administración.

  • 1. Cuando los estatutos de la sociedad no dispusieran lo contrario y sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el consejo de administración podrá designar de entre sus miembros a uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las modalidades de delegación.
  1. La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en la comisión ejecutiva o en el consejero delegado y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
  2. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.
  3. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.

 

El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.»

Pues bien, la novedad como observarán es la EXIGENCIA de un contrato con los consejeros delegados. Y es más. Estos nuevos contratos estarán vinculados a la política retributiva que previamente deberá ser aprobada por la Junta General.

Pero no solo ha de existir solo un contrato con los consejeros por esta política retributiva, sino que en el caso de que cualquier miembro del Consejo de Administración, (CUALQUIERA) ,que pueda tener atribuidas otras funciones EJECUTIVAS en virtud de otro título deberá tener también firmado otro contrato con la Sociedad.

Resumiendo, cualquier administrador o miembro del consejo en el que se hayan delegado funciones propias por dicho cargo, también deberá tener firmado un contrato con la sociedad por dichas funciones.

En cuanto al contrato sobre la política retributiva, el Legislador no hace especial hincapié en que en dicho contrato aparezca también la obligatoriedad de que conste la posible indemnización por el cese y también aquellos planes de sistemas retributivos de previsión social.

Por último, estos contratos se aprobarán por el Consejo con el voto favorable de dos terceras partes de la Junta. Además de todo ello, estos contratos serán publicitados cada año en los Libros Oficiales de la Sociedad al levantarse Acta de los mismos en las reuniones del Consejo en que se aprueben. Se deberán adjuntar como Anexos de dichas actas.

FISCALIDAD EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y EN EL IRPF.

Ya para finalizar este artículo, después de comentar la incidencia en el IVA del artículo anterior, paso a resumirles cómo queda afectada dicha remuneración en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF:

Tributación por IS

Recuerden lo que les comentaba en el artículo anterior de la importancia de modificar los Estatutos e indicar que el cargo del Administrador era Remunerado en lugar de Gratuito. Ello es importante ya que el Tribunal Supremo ya determinó en su momento que las retribuciones serán deducibles en el Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando aparezcan en los Estatutos Sociales, “con precisión y certeza”. En caso contrario, les recuerdo que dichas remuneraciones eran consideradas una donación o una liberalidad, con la consiguiente no deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades.

En cualquier caso, tras las últimas reformas de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre en materia fiscal, así como la Ley 31/2014 en materia mercantil, se ha llegado a un acuerdo sobre dichas remuneraciones por cuanto, las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad (ver el art. 15.e de La Ley del Impuesto sobre Sociedades), no serán considerados como donativo ni liberalidad. Por lo tanto, dichas remuneraciones serán deducibles fiscalmente.

Dos incisos a comentar sobre la tributación por Impuesto sobre Sociedades según 2 consultas vinculantes de la DGT:

1.- Consulta Vinculante V1027-14, de 10 de abril de 2014

“En el caso de percibir un Administrador una remuneración establecida estatutariamente por el desempeño de su cargo esta constituye un gasto deducible en la medida en que el sistema de retribución recogido en los estatutos de la consultante se adecue a lo dispuesto en el artículo 217 del TRLSC y que en el caso de que éste reciba una remuneración adicional por la realización de funciones de alto directivo en la medida en que el sumatorio de las retribuciones pactadas, tanto por las labores de administrador como de alta dirección, no supere la cuantía fija acordada anualmente por la Junta General, el gasto correspondiente a ambas tendrá la consideración de fiscalmente deducible.”

2.- Consulta Vinculante V0356-13, de 7 de febrero de 2013

“Las retribuciones que perciba el socio administrador, como contraprestación por las labores ordinarias desarrolladas en cumplimiento del objeto social de la consultante que no se encuadren en lo anteriormente señalado, tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible, siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidos en términos de inscripción contable, devengo, correlación de ingresos y gastos y justificación de los mismos.”

Pero ojo con esto porque a veces la DGT ha venido interpretando que las contraprestaciones recibidas por el socio administrador por labores de alta dirección y que en los Estatutos no consten como retribuidos no serán fiscalmente deducibles al aplicar la “Doctrina del Vínculo”.

 

Tributación por IRPF

Con la nueva Reforma Fiscal, en el ámbito del IRPF de la Ley 26/2014 de 27 de noviembre, observamos como las retenciones aplicables a estas remuneraciones descienden a partir del año 2015 y 2016.

Así vemos como en aquellas sociedades cuya cifra de negocio no alcance los 100.000 eur anuales, el porcentaje de retención aplicable será de un 19%. Para el resto de sociedades, el tipo pasa de un 42% a un 37% en 2015 y a un 35% en 2016.

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Andorra, el Artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y el Convenio de Doble Imposición (CDI)

Llevo varios años colaborando y asesorando a empresas en Andorra a través de algún

despacho profesional de allí y cada año que pasa voy entendiendo más y más hacia donde van

encaminados los acontecimientos de la relaciones bilaterales en materia empresarial entre

Andorra y España.

Buena cuenta de ello es el presente artículo que les voy a presentar y con un ejemplo

práctico para que entiendan el gran potencial que nos puede aportar nuestro pequeño

vecino del norte de España.

Cabe recordar que desde hace ya varios años, Andorra, sí, ese minúsculo país de los

Pirineos, donde algún que otro empresario, jueces, un político catalán, deportistas y hasta una

soprano, escondían su patrimonio para no tener que tributar en España, ha dejado de ser

considerado un paraíso fiscal. La verdad, es que quizás esos grandes despachos profesionales

que asesoraban a esta gente, no les voy a llamar pobre gente, porque ni lo son, ni merecen

ser considerados como tales, podrían haber buscado una mejor solución a una buena gestión

patrimonial internacional.

Si aún no han entendido hacía dónde va encaminado este artículo con el título que les he

puesto, con el ejemplo que les voy a poner, lo van a entender muy claro. Y déjenme decirles

una cosa, Andorra, a pesar de no ser considerado ya Paraíso Fiscal, tiene un potencial para

muchos empresarios españoles que ni imaginan.

Es por ello, que en este artículo vamos a nombrar a partir de ahora a Andorra como el País

Comodín. Comodín por la fantástica baja tributación que allí, además de su IGI, que es como

aquí el IVA pero a la baja, o su nuevo IRPF, que ha venido a sustituir a su IAE, y que ha

entrado en vigor en 2015, donde van a pagar un 10% de impuesto sobre una Base Imponible,

la cual habrán ya reducido mucho por la gran cantidad de deducciones y bonificaciones que

allí tienen. Pues bien, Andorra va a ser nuestro Comodín también en el Impuesto Sobre

Sociedades, y es que en el País de los Pirineos, el % de tributación por IS es de un 10%.

Déjenme decirles que desde hará 5 años, en Andorra se han producido muchos cambios. Un

Plan General Contable reflejo del español. Unas Cuentas Anuales, reflejo de las españolas. Y

unos impuestos que han ido entrando progresivamente, IGI (IVA), IAE (ahora IRPF) e IS. Con

todo ello, es como si Andorra fuese la 18 comunidad autónoma de España, a pesar de ser un

país independiente, pero con una tributación muy baja en cuanto a todos sus impuestos.

Vamos, como una Comunidad Foral española, pero todavía con menor tributación.

Ante tal perspectiva, si aún no han caído en la cuenta del título de este artículo, espero que

me dejen darle unas últimas pinceladas de maestro y experto, para que de una vez por todas

entiendan de qué estoy hablando.

¿Recuerdan el viaje de Rajoy a Andorra de este año? ¿Recuerdan la última vez que un

presidente de España viajó a Andorra? La visita, en principio era para firmar el ACUERDO

DE DOBLE IMPOSICIÓN entre el Reino de España y el Principado de Andorra.

Solo un inciso, ¿Sabían ustedes que España fue el último país de la OCDE y miembro de la

CEE que seguía considerando a Chipre un paraíso fiscal y hasta 2014 no dejó de serlo tras

firmar el CDI con España? Bájense desde la web de la AEAT el convenio firmado. Seguro que

dentro de unos meses, el convenio con Andorra será prácticamente un calco de este.

Entonces, ¿Porqué Chipre, que ya era miembro de la CEE y pagaba un 10% de IS, fue

considerado Paraíso Fiscal por España hasta 2014, y Andorra que hasta 2012 no aprobó su

IS, en principio con un 5% y posteriormente con un 10%, ya dejó de ser considerado Paraíso

Fiscal por España en 2010?

Les recuerdo que el CDI entre España y Andorra aún no está firmado, aunque seguramente

se firme en 2015.

Si no lo saben, en Andorra viven 77.000 habitantes y su extensión es de apenas 468 km2. Allí

no pueden instalarse grandes corporaciones industriales, básicamente porque no hay terreno

donde montar esas empresas. Por lo tanto, el potencial de Andorra viene de la mano de los

servicios y el comercio minorista, además del turismo.

Bien, después de todo este prólogo de culturilla general, les voy a poner un ejemplo de lo

que algunos llaman planificación fiscal internacional, y yo suelo llamar “La evasión fiscal

internacional encubierta”. Veamos de qué estoy hablando:

Ejemplo práctico.

La empresa A, SL residente en España y que se dedica a servicios de consultoría empresarial

con una facturación anual de 10 millones de euros, planea montar una filial en Andorra, país

que ya no es considerado paraíso fiscal. Para ello, ha contactado con unos profesionales de

Andorra que ejercen el mismo tipo de negocio en Andorra y sur de Francia por su potencial.

Una vez llegado al acuerdo, la empresa B, SL ha sido constituida en Andorra donde los socios

Andorranos poseen el 20% del capital social en participaciones y la empresa A, SL de España

posee el 80%.

Durante el ejercicio fiscal en curso y antes de finalizar el mismo, la empresa A, ha obtenido

un Beneficio antes de Impuestos de 1.000.000 euros. Del mismo modo, la empresa B, SL de

Andorra, ha obtenido también un Beneficio antes de Impuestos de 100.000 euros.

La matriz, para no tener que pagar el 25% de Impuesto sobre Sociedades en España sobre

ese 1.000.000 de euros, solicita a su filial en Andorra que le emita una factura por 800.000

euros en concepto de “fees” y asesoramiento anual de varios proyectos. Una vez emitida esta

factura desde la empresa B, SL residente en Andorra las cuentas de pérdidas y ganancias de

ambas sociedades queda de la siguiente manera:

SOCIEDAD A, SL                                                                   SOCIEDAD B, SL

Beneficio Previo……………1.000.000 eur                               Beneficio Previo…….100.000 eur

Factura por fees…………… -800.000 eur                                Extra Facturación…..800.000 eur

————————————————————————————————————————

Resultado antes de IS 200.000 eur                                      Resultado antes de IS 900.000 eur

                 Tipo IS 25% 50.000 eur                                                        Tipo IS 10% 90.000 eur

NOTA: Fíjense que por haber incorporado una factura desde Andorra hacía España por

800.000 eur, el Grupo de Empresas ha dejado de pagar en impuestos lo siguiente:

España (1.000.000 x 25%) + Andorra (100.000 x 10%) = 260.000 eur

Mientras que habrán pagado: España (50.000) + Andorra (90.000) = 140.000 eur

El ahorro fiscal obtenido ha sido de 120.000 eur.

Pero no solo eso. En este supuesto, en el caso de Andorra no hemos tenido en cuenta sus

deducciones y bonificaciones que aplican en el IS allí y que al final, en lugar de tributar por un

10% la cosa se les queda en prácticamente un 4% o 5%.

Bien, supongo que hasta aquí la cosa les va interesando, ¿verdad?, pues tranquilos que ahora

viene lo mejor.

Si se van a la Ley del Impuesto sobre Sociedades en su artículo 22 y le echan un vistazo:

Artículo 22. Exención de determinadas rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente.

Entenderán el porqué urge que el CDI esté firmado entre España y Andorra y es nada más y

nada menos que por el tema de los DIVIDENDOS.

Recuerdan que en el ejemplo anterior, la Sociedad A, SL le ha pagado a su filial de Andorra

Sociedad B, SL 800.000 euros por la factura del fee? Pues bien, la Sociedad B, SL ahora

dispone de un cash y unas reservas que podrá repartir vía DIVIDENDO a sus socios y

partícipes.

Y quién era el socio mayoritario de B, SL? Efectivamente, A SL.

La Sociedad A, SL recibirá un DIVIDENDO desde Andorra, pongamos por ejemplo 700.000

euros que decide repartirle la Sociedad B, SL y que al llegar a España tributará a un 0% al

integrarse en la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades y aplicar la Sociedad A, SL el

convenio de doble imposición.

Así pues, vemos como un dinero generado por la Sociedad A, SL en España por su actividad,

se marcha vía pago de factura de servicios a su filial de Andorra. Mientras, ese dinero deja de

tributar en España y tributa en Andorra por menos Impuesto sobre Sociedades, y ese

abultado remanente en forma de Beneficio que le queda a la Sociedad B, SL se lo distribuye

vía DIVIDENDO a la Sociedad A, SL que retorna a España sin tributar un euro por ello.

Esto es así porque el Artículo 22 de la Ley del IS viene a decirnos que: Estarán exentas las

rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente situado fuera

del territorio español cuando el mismo haya estado sujeto y no exento a un impuesto de

naturaleza idéntica o análoga a este impuesto con un tipo nominal de, al menos, un 10 %.

Pero el colmo de todo esto, ha venido con la nueva Reforma Fiscal, donde se ha eliminado el

requisito relativo a que las rentas obtenidas en el extranjero a través de establecimiento

permanente provengan de la realización de actividades empresariales.

Por último, ya solo cabe mencionarles, que cuando la Sociedad A, SL integre ese dividendo vía

exención por doble imposición en España, podrá repartirlo a sus socios vía IRPF, el cual ha

bajado de tributación con la nueva Reforma Fiscal y los tramos han pasado a ser de:

                                                     Años                2015                              2016

Hasta 6.000 euros                                                  20%                              19%

Entre 6.000 y 50.000 euro                                       22%                              21%

A partir de 50.001 euros                                         24%                              23%

Y ahora, díganme si Andorra les empieza a parecer un país Comodín.

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A vueltas con el tema de la Remuneración de los Administradores de Sociedades de Capital

Han pasado ya varios años desde la famosa consulta del caso Mahou a Hacienda y desde

entonces hemos tenido innumerables formas de plantearnos cuál era la mejor manera para

desempeñar funciones como Administrador y lo más importante de todo, si además de ello,

desempeñábamos funciones de gerencia y dirección en nuestra empresa, a la hora de tributar

ante Hacienda.

No voy a entrar a realizar ningún resumen de lo expuesto desde entonces hasta ahora por

parte de los diversos tribunales de justicia, la Dirección General de Tributos, los colectivos

profesionales en materia fiscal, etc., sino que vamos a entrar en materia de una vez por todas

para dejar claro qué alternativas tenemos a día de hoy para quedarnos tranquilos frente a

cualquier requerimiento de la Agencia Tributaria por dichas remuneraciones, así como las

diversas formas de cubrirnos las espaldas.

Recordemos antes de comenzar con dicho resumen, que la Agencia Tributaria, únicamente

hacía referencia en su día al IRPF y no a otros impuestos como pudieran ser el IS o el IVA.

Con el tiempo y tras tantas resoluciones, consultas y demás respuestas hemos conseguido

que lo que en su día comenzó con afectar a un solo tributo (IRPF) haya acabado con

afectarnos a la panoplia fiscal. Y digo panoplia, porque son las armas del estado.

Dejando de un lado este resumen, ahora, en el año 2015 ¿cómo deberíamos actuar?

Primero de todo, hemos de ver ¿cómo se articula nuestra sociedad?, esto es, ¿qué tipo de

actividad tiene?

Hemos de ver si la actividad que realiza es EMPRESARIAL o PROFESIONAL.

Segundo y no menos importante, hemos de ver qué dicen los Estatutos de nuestra

sociedad referente al cargo del Administrador.

Si el cargo del Administrador es gratuito (lo normal en el 99% de todas las escrituras de las

pymes de este país), les aconsejo que se vayan rápidamente a un Notario para que

modifiquen ese artículo de los Estatutos por uno que diga lo siguiente:

“El cargo del Administrador es remunerado. La remuneración del cargo se

decidirá cada año en Junta General de socios”

Y lo más importante, no se pongan un salario de 10.000 o 20.000 euros cada año por dicho

cargo por el mero hecho de firmar las cuentas anuales. Recuerden que el % de retención

sobre esos rendimientos es de los más altos y lo podríamos comparar con lo que se retienen

en Suecia o Noruega y más quisiéramos los españoles ser como los Nórdicos.

Póngase una remuneración de 1.000 o 2.000 euros, además, esa remuneración al aparecer en

los Estatutos sí será deducible en el Impuesto sobre Sociedades y el elevado % de retención

solo lo aplicaremos sobre esas pequeñas cantidades percibidas.

Tercera cosa que hemos de averiguar es si estamos en el RETA u otra Mutualidad ó en el

REGA. Lo normal, es que la gran mayoría esté en el RETA ó en alguna Mutualidad

Profesional.

Cuarto, ¿Sabe usted si desempeña otras funciones diferentes al cargo de Administrador de

su Sociedad, como por ejemplo, tareas de gerencia, comerciales, productivas, etc? No se

preocupe, en España esto ocurre en la mayoría de los casos y es la norma habitual. Para

curarnos en salud, debería redactar un contrato de prestación de servicios o de Alta

Dirección donde se especifiquen todas estas tareas que usted desempeña en la Sociedad,

diferenciando el precio hora, el horario, la dedicación mensual e incluso la dedicación

mensual en los meses de verano. Y no olvide añadir en dicho contrato, lo que percibe

también por su condición como Administrador. Ello será prueba de las diferentes tareas que

usted desempeña en su sociedad tanto como Administrador como trabajador o profesional

que factura a su empresa por servicios prestados.

Quinto y no menos importante. ¿Y las operaciones vinculadas? No se preocupe, a partir de

2015, si el salario del Administrador está en Estatutos y existe un contrato de Alta

Dirección, entonces no tendrá que preparar ningún dossier de Operaciones Vinculadas por

estos conceptos. Y sobre todo, acuérdese de no ponerse un salario como el que tiene un

directivo del IBEX en su pyme. Oiga, más que nada por la posible descapitalización que esta

pueda sufrir. En ese caso, mejor dése de alta como Autónomo o Profesional y ahórrese el

montar una pyme y todo este tinglado.

Así pues, ¿cómo queda todo esto?

Si nuestra pyme tiene una ACTIVIDAD PROFESIONAL y el socio-trabajador le presta

servicios profesionales que estén incluidos en la sección segunda del IAE, como por ejemplo:

Economista, Veterinario, Arquitecto, Abogado, etc, y además está dado de alta en el RETA o

una Mutualidad análoga, entonces deberá facturar a la sociedad por los servicios prestados

con un IVA al 21% y un IRPF al 19%. Aunque podría darse el caso de no tener que facturar

IVA en algunos casos (Artículo 20 de la Ley del IVA).

Y si además de estos servicios, percibe remuneración como Administrador que debería

aparecer en los Estatutos de la Sociedad, esta remuneración se considerará rendimientos del

trabajo y se le aplicará el % de retención vigente. Además será deducible en el Impuesto

sobre Sociedades de la Sociedad.

Muy importante será realizar la siguiente comprobación cada año:

Deberá restarle a los ingresos del ejercicio de la sociedad, los gastos sin tener en cuenta las

retribuciones a los socios u socio. Y sobre el Rendimiento Neto de esta operación calcularle

el 75%., anteriormente era el 85%. Esta cantidad debería ser al menos, el mínimo que haya

obtenido como retribución el socio u socios. Y MUCHO OJO CON ESTO!!!

Por otro lado, si nuestra pyme tiene una ACTIVIDAD EMPRESARIAL, como por

ejemplo, venta de maquinaria y el Administrador recibe retribuciones por la gestión del

negocio por gerencia, asesoramiento comercial, tareas productivas, etc. En definitiva, que hace

de todo, debemos tener redactado un contrato de Alta Dirección especificando la

retribución que percibe por todas esas tareas. En ese caso, esa retribución se considerará

Rendimientos del Trabajo y su IRPF irá por tablas.

Por otro lado, si además de esto, en los Estatutos indica que el cargo es retribuido (cosa que

les aconsejo que realicen), estas retribuciones se considerarán también rendimientos del

Trabajo pero con otra clave distinta del IRPF y un porcentaje mayor de retención según el

que esté vigente.

Por último, si al final Hacienda llama a nuestra casa, siempre nos quedará la opción de

debatirles con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, del 18

de octubre de 2007 (NFJ026440) en el asunto C-355/06 donde desmontaría cualquier

actuación en materia de Imposición Indirecta. Esta sentencia nos viene a decir lo siguiente:

Una persona física que realiza todas las actividades en nombre y por cuenta

de una sociedad Sujeto Pasivo en cumplimiento de un contrato de trabajo que

le vincula a dicha sociedad, de la cual es por otra parte el único accionista,

Administrador y miembro del personal, no es Sujeto Pasivo del IVA en el

sentido del artículo 4, apartado 1, de la referida Directiva.

Y recuerde, al final todo irá a su Base General del IRPF. Por lo tanto, es importante realizar

una buena planificación fiscal de su Renta cada año.

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Artículo 310 del Código Penal. Lo que empresarios y empresas que defraudan no se han leído.

España es una país en el que la economía sumergida hace estragos a las arcas públicas. A día de hoy, muchos empresarios y empresas se libran de momento por una razón muy sencilla. El cuerpo de funcionarios de la Agencia Tributaria no tiene los medios suficientes, medios humanos y técnicos, como para poder controlar todo ese desfase impositivo que se les escapa de las manos cada año.

Pero esta delgada frontera que separa a Hacienda de los defraudadores cada vez se estrecha más y más… y eso en tiempos de crisis hace que se busquen fórmulas cada vez más precisas para atrapar a los que defraudan al fisco.

Si se leen el artículo 310 del Código Penal, puede que muchos empresarios ni sepan que existe dicho artículo, haga que les entre el miedo.

Artículo 310

Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:

  • a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.
  • b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
  • c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas.
  • d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.

La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.

Ir a Norma modificadoraArtículo 310 redactado por el apartado centésimo decimoquinto del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

Artículo 310 bis

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas:

  • a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
  • b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
  • c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.

Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33.

Ir a Norma modificadoraArtículo 310 bis redactado por el apartado nueve del artículo único de la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social («B.O.E.» 28 diciembre).Vigencia: 17 enero 2013

Javier Molina González
Consultor de empresa y Asesor Fiscal
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Vaya… Hacienda no me deja aplazar o fraccionar el pago del IRPF.

Con la instrucción lanzada el 9 de diciembre desde el órgano recaudador de nuestra querida Hacienda Pública, instrucción 6/2013, la Agencia Tributaria nos ha quitado lo que hasta ahora era el balón de oxígeno desde el cual poder respirar un poco cada vez que llegaba el trimestre, el fraccionamiento o aplazamiento del pago del IRPF.

Recordemos que desde esta instrucción quedan INADMISIBLES, palabras textuales, los aplazamientos del IRPF de modelos conocidos e importantes como los Modelos 111, 115, 130 y 131.

Ante ello, cualquier empresa o empresario que llegado el caso no pudiese acometer el pago de dichos tributos y optase por presentar la solicitud del aplazamiento o fraccionamiento del tributo, automáticamente recaerán sobre ellos un 5% de recargo ejecutivo.

La solución momentánea ante éste atropellamiento a las empresas y empresarios en estos momentos de crisis no es otra que la que os indico a continuación:

” Aquellos empresarios o empresas que no puedan acometer en plazo el pago de los tributos relacionados con el IRPF, que presenten el modelo fuera de plazo. Recuerden que Hacienda tiene un plazo de 90 días para cotejar y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones. Si llegado el momento, la empresa o empresario no puede realizar el pago de la deuda, puede presentarlo 30 días más tarde, por ejemplo, si con ello obtiene la financiación o el importe para poder acometerlo. Hacienda en este caso, le cargará un recargo del 5% + una sanción por presentación fuera de plazo. No obstante, el no solicitar el fraccionamiento o aplazamiento en el momento de presentar la autoliquidación les evita de entrar automáticamente en periodo ejecutivo con lo que ello conlleva, como son los intereses de demora, los recargos del periodo ejecutivo y el procedimiento de apremio”.

Javier Molina González

Consultor de empresas y asesor fiscal.

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