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EL NUEVO RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LOS ADMINISTRADORES SEGÚN LA REFORMA DE LA LEY 31/2014 DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

Como en Star Wars, Indiana Jones, Batman, etc., siempre tenemos una segunda parte de todo aquello que nos interesa. Siguiendo la estela del artículo que D. Manuel Rejón López tan amablemente me ha publicado en su blog del Canal Profesional referente a las remuneraciones de socios y administradores de empresas en todo aquello que a nivel FISCAL nos atañe, quiero ahora mostrarles los efectos de la retribución de los mismos en la reforma de La Ley de Sociedades de Capital y su afectación a nivel JURÍDICO Y MERCANTIL.

Entonces:

¿Cómo leches queda ya todo esto de la Remuneración?

Bien, entrando en materia, la Reforma de la Ley de Sociedades de Capital Ley 31/2014 del 3 de diciembre y que fue publicada en el BOE el día 4 de diciembre de 2014, nos ha modificado algunos artículos que para la materia que nos interesa les paso a resumir:

Artículo 217. Remuneración de los Administradores.

Es uno de los artículo estrella y de gran novedad de esta reforma de la Ley de Sociedades de Capital. El legislador, nos continúa indicando la gratuidad del cargo. No obstante, se han añadido una serie de conceptos por los que se puede optar o no a la remuneración de dicho cargo. Les dejo el nuevo artículo para que lo lean:

  • 1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.
  1. El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes:
  • a) una asignación fija,
  • b) dietas de asistencia,
  • c) participación en beneficios,
  • d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,
  • e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución,
  • f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y
  • g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.
  1. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.
  2. La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.»

Fíjense que anteriormente en el apartado 3º se hablaba de un acuerdo en Junta General para retribuir a los administradores, pero de una SL. Bien, ahora con dicha reforma, este acuerdo abarcará a cualquier tipo de sociedad.

También mencionar otro aspecto importante de dicho artículo y es aquel que viene a indicarnos que dependiendo de las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los administradores o del Consejo de Administración, la distribución de la remuneración estará en función de dicha responsabilidad adquirida a menos que en Junta General se pronuncie en otro sentido.

Otro aspecto importante, es el del apartado 4 de dicho artículo donde se articula la remuneración. Es evidente que hay empresarios, que a la vez son administradores de la sociedad en la cual se ponen unas retribuciones que no son acordes ni al tamaño de su empresa, ni a la condición de responsabilidad que dicho administrador desempeña en ella. Hablo de aquellos administradores de empresa que se ponen retribuciones como si fuesen consejeros delegados de Telefónica o Iberdrola, cuando su empresa apenas factura más de 1 millón de euros al año.

Pues bien, este artículo 4 nos articulará que dichas remuneraciones no supongan una descapitalización de la Sociedad encubierta y se pueda mantener a futuro su rentabilidad y sostenibilidad.

Mención muy importante aparece también en el artículo 249 de la Ley en sus apartados 3 y 4 por la novedad de un CONTRATO ENTRE LA SOCIEDAD Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Artículo 249. Delegación de facultades del Consejo de Administración.

  • 1. Cuando los estatutos de la sociedad no dispusieran lo contrario y sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el consejo de administración podrá designar de entre sus miembros a uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las modalidades de delegación.
  1. La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en la comisión ejecutiva o en el consejero delegado y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
  2. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.
  3. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.

 

El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.»

Pues bien, la novedad como observarán es la EXIGENCIA de un contrato con los consejeros delegados. Y es más. Estos nuevos contratos estarán vinculados a la política retributiva que previamente deberá ser aprobada por la Junta General.

Pero no solo ha de existir solo un contrato con los consejeros por esta política retributiva, sino que en el caso de que cualquier miembro del Consejo de Administración, (CUALQUIERA) ,que pueda tener atribuidas otras funciones EJECUTIVAS en virtud de otro título deberá tener también firmado otro contrato con la Sociedad.

Resumiendo, cualquier administrador o miembro del consejo en el que se hayan delegado funciones propias por dicho cargo, también deberá tener firmado un contrato con la sociedad por dichas funciones.

En cuanto al contrato sobre la política retributiva, el Legislador no hace especial hincapié en que en dicho contrato aparezca también la obligatoriedad de que conste la posible indemnización por el cese y también aquellos planes de sistemas retributivos de previsión social.

Por último, estos contratos se aprobarán por el Consejo con el voto favorable de dos terceras partes de la Junta. Además de todo ello, estos contratos serán publicitados cada año en los Libros Oficiales de la Sociedad al levantarse Acta de los mismos en las reuniones del Consejo en que se aprueben. Se deberán adjuntar como Anexos de dichas actas.

FISCALIDAD EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y EN EL IRPF.

Ya para finalizar este artículo, después de comentar la incidencia en el IVA del artículo anterior, paso a resumirles cómo queda afectada dicha remuneración en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF:

Tributación por IS

Recuerden lo que les comentaba en el artículo anterior de la importancia de modificar los Estatutos e indicar que el cargo del Administrador era Remunerado en lugar de Gratuito. Ello es importante ya que el Tribunal Supremo ya determinó en su momento que las retribuciones serán deducibles en el Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando aparezcan en los Estatutos Sociales, “con precisión y certeza”. En caso contrario, les recuerdo que dichas remuneraciones eran consideradas una donación o una liberalidad, con la consiguiente no deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades.

En cualquier caso, tras las últimas reformas de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre en materia fiscal, así como la Ley 31/2014 en materia mercantil, se ha llegado a un acuerdo sobre dichas remuneraciones por cuanto, las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad (ver el art. 15.e de La Ley del Impuesto sobre Sociedades), no serán considerados como donativo ni liberalidad. Por lo tanto, dichas remuneraciones serán deducibles fiscalmente.

Dos incisos a comentar sobre la tributación por Impuesto sobre Sociedades según 2 consultas vinculantes de la DGT:

1.- Consulta Vinculante V1027-14, de 10 de abril de 2014

“En el caso de percibir un Administrador una remuneración establecida estatutariamente por el desempeño de su cargo esta constituye un gasto deducible en la medida en que el sistema de retribución recogido en los estatutos de la consultante se adecue a lo dispuesto en el artículo 217 del TRLSC y que en el caso de que éste reciba una remuneración adicional por la realización de funciones de alto directivo en la medida en que el sumatorio de las retribuciones pactadas, tanto por las labores de administrador como de alta dirección, no supere la cuantía fija acordada anualmente por la Junta General, el gasto correspondiente a ambas tendrá la consideración de fiscalmente deducible.”

2.- Consulta Vinculante V0356-13, de 7 de febrero de 2013

“Las retribuciones que perciba el socio administrador, como contraprestación por las labores ordinarias desarrolladas en cumplimiento del objeto social de la consultante que no se encuadren en lo anteriormente señalado, tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible, siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidos en términos de inscripción contable, devengo, correlación de ingresos y gastos y justificación de los mismos.”

Pero ojo con esto porque a veces la DGT ha venido interpretando que las contraprestaciones recibidas por el socio administrador por labores de alta dirección y que en los Estatutos no consten como retribuidos no serán fiscalmente deducibles al aplicar la “Doctrina del Vínculo”.

 

Tributación por IRPF

Con la nueva Reforma Fiscal, en el ámbito del IRPF de la Ley 26/2014 de 27 de noviembre, observamos como las retenciones aplicables a estas remuneraciones descienden a partir del año 2015 y 2016.

Así vemos como en aquellas sociedades cuya cifra de negocio no alcance los 100.000 eur anuales, el porcentaje de retención aplicable será de un 19%. Para el resto de sociedades, el tipo pasa de un 42% a un 37% en 2015 y a un 35% en 2016.

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Artículo 310 del Código Penal. Lo que empresarios y empresas que defraudan no se han leído.

España es una país en el que la economía sumergida hace estragos a las arcas públicas. A día de hoy, muchos empresarios y empresas se libran de momento por una razón muy sencilla. El cuerpo de funcionarios de la Agencia Tributaria no tiene los medios suficientes, medios humanos y técnicos, como para poder controlar todo ese desfase impositivo que se les escapa de las manos cada año.

Pero esta delgada frontera que separa a Hacienda de los defraudadores cada vez se estrecha más y más… y eso en tiempos de crisis hace que se busquen fórmulas cada vez más precisas para atrapar a los que defraudan al fisco.

Si se leen el artículo 310 del Código Penal, puede que muchos empresarios ni sepan que existe dicho artículo, haga que les entre el miedo.

Artículo 310

Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:

  • a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.
  • b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
  • c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas.
  • d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.

La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.

Ir a Norma modificadoraArtículo 310 redactado por el apartado centésimo decimoquinto del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

Artículo 310 bis

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas:

  • a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
  • b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
  • c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.

Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33.

Ir a Norma modificadoraArtículo 310 bis redactado por el apartado nueve del artículo único de la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social («B.O.E.» 28 diciembre).Vigencia: 17 enero 2013

Javier Molina González
Consultor de empresa y Asesor Fiscal
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Disolución y Liquidación de Sociedades

Hace algún tiempo que le vengo dando vueltas al asunto y tras asistir hace unos meses a una charla de expertos, mis dudas se han aclarado completamente.
Les hablo, en cuestión, del asunto de la Disolución y Liquidación de Sociedades.
Merece la pena pararse a leer los artículos de la nueva ley de Sociedades de Capital, en su Título X, Capítulo I, Sección I, desde el artículo 360 hasta el 400.
Si uno se detiene en el Artículo 363, Causas de disolución, en referencia al Artículo 362. Disolución por constatación de la existencia legal o estatutaria, observará que en el apartado a), dice lo siguiente:

“La sociedad de capital deberá disolverse, por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año”.

Pues bien, ¿Quién no tiene o conoce a alguien que mantiene una sociedad inactiva desde hace mucho tiempo? Por no hablar de años claro está.

Si se paran a analizar la situación, observarán que esas sociedades que mantienen inactivas, ya sea por los fines que quieran sus socios en mantenerlas así, están en una situación automática de DISOLUCIÓN.

Y mucho ojo, pues si además eres administrador de una sociedad en esta situación, quizás no te hayas parado a leer el Artículo 367, que dice lo siguiente:

Artículo 367. Responsabilidad solidaria de los administradores.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

Resumiendo:

Una sociedad, no la podemos mantener inactiva por ” X ” tiempo como hemos observado. Ya sea para ahorrarnos el dinero de cerrarla, o para saber qué ideas se nos pueden ocurrir para saber qué hacer con ella.

Y como siempre,

El desconocimiento de las leyes, no le exime de su aplicación.

Javier Molina González

Consultor de Empresas